Net Metering en Chile: Ley 20.571

En marzo de 2012, el Congreso Nacional aprobó la Ley N° 20.571 que regula el pago de las tarifas eléctricas de las generadoras residenciales. Esta ley permite la introducción del Net Metering (balance neto de electricidad), iniciativa que contempla que usuarios finales, como por ejemplo, las familias o pequeñas empresas, puedan instalar tecnologías de generación de energías renovables no convencionales en sus casas o empresas. La electricidad generada por cada uno de estos pequeños productores puede ser utilizada para autoconsumo o para inyectarla a la red, pudiendo incluso recibir un pago de parte de las distribuidoras por la electricidad que se aporte a la red. Sin embargo, esta ley todavía no está operativa, porque el Reglamento que la hace viable aún no ha sido promulgado. Dicho Reglamento regula dos aspectos esencialmente: la forma cómo se conecta a la red eléctrica la instalación solar puesta en el hogar y las tarifas eléctricas, por lo tanto, recién cuando este sea publicado va a ser posible la conexión domiciliaria de fuentes de energía renovable a la red pública. Esta idea del net metering ha sido puesta en práctica en países como Dinamarca, Alemania, Francia, entre otros. En ellos, un ciudadano particular tiene el estímulo para invertir en estas energías, pues cuenta con la capacidad de inyectar esa energía producida en su hogar a la red que no usa, recibiendo por ella un pago igual al que él hace cuando saca energía. En estos países, la tarifa que se paga es 1:1, es decir, el precio de la energía que se inyecta es el mismo que el de la energía que se saca de la red, siendo un estímulo invertir en ellas. En el caso de la ley chilena de net metering, no existe este estímulo tarifario, dificultándose las iniciativas que pudieran existir para implementar las energías renovables en el hogar. Pensamos que esta ley debiera contemplar una tarifa que a lo menos fuera la misma que las empresas les cobran a sus usuarios, pero lamentablemente, no establece eso, sino, un precio de mayorista para el productor domiciliario que equivale solo a un 60% del precio que cobra la empresa distribuidora de electricidad. Esta es una falta de estímulo importante en la actual ley, por lo cual nosotros estamos haciendo lo imposible para que por lo menos en el tramo de las casas que consumen menos de 10 KW -que es el 97% de las casas de Chile y que tienen una tarifa especial (BT-1)- prime la correspondencia 1:1, y por lo tanto, opere el sistema de net metering y no el de net billing, que es el que realmente establece esta ley. Ello significaría estar en sintonía con las prioridades energéticas establecidas por la Presidenta Michelle Bachelet, quien ha puesto un énfasis especial en ir avanzando hacia el uso masivo de las energías renovables en el país. Sin embargo, el actual Ministro de Energía, Máximo Pacheco, si bien aceptó introducir mejoras técnicas al Reglamento, no dio garantías de poder patrocinar una modificación tarifaria de la Ley. Para nosotros es inentendible la postura del Ministro, pues las modificaciones tarifarias que proponemos son apoyadas transversalmente en el Congreso, por lo tanto, podría haber consenso para aprobarlas. Es probable que las presiones de las empresas distribuidoras de electricidad sean muy fuertes y no estén dispuestas a entregarles una parte de su “mercado” a los ciudadanos. Hoy se requiere que la actual administración patrocine dichas modificaciones, porque los ciudadanos se están entusiasmando con la posibilidad de utilizar energías renovables en sus hogares, particularmente, la energía solar. Muchos se han organizado en Cooperativas Solares como una forma viable e interesante de poner en marcha proyectos de autoconsumo energético. Recientemente se creó una nueva agrupación: la Cooperativa de Energías Renovables de Coihaique, existiendo ya una en Pucón, otra en Quillota y próximamente se inaugurará al público de todo Santiago la Cooperativa Solar de La Reina. Es un proceso ciudadano creciente, pues solicitudes de todas partes del país nos llegan para implementarlas. Desde esta perspectiva, el gobierno está frente a una oportunidad inigualable para introducir en el sistema energético chileno un tercer componente, el componente ciudadano.

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